La mayoría de las desvinculaciones, 304 casos, se concretó mediante la figura de llamamiento a calificar servicios, un mecanismo discrecional que no obliga al Estado a explicar públicamente las razones del retiro. El resto respondió a solicitudes personales o a causas disciplinarias específicas.

Entre los militares retirados figuran excomandantes de unidades que desarrollaban operaciones contra grupos armados ilegales en departamentos como Bolívar, Cauca, Arauca, Guaviare y Antioquia. Según algunos oficiales consultados por el medio colombiano, la salida de ese personal podría afectar la continuidad operativa de unidades que cumplen funciones estratégicas en distintas regiones del país.

El abogado Enoc Salcedo Ruiz, representante de varios oficiales, afirmó que detectó presuntas irregularidades en la utilización de la potestad discrecional y señaló que muchos de los retirados encabezaban operaciones contra organizaciones armadas sin que existieran procesos penales o disciplinarios abiertos en su contra.

Por su parte, el asesor jurídico Sebastián Márquez de Tejada sostuvo que la demora en la expedición del Decreto Planta correspondiente a 2026 podría derivar en cuestionamientos sobre la validez jurídica de algunos retiros efectuados durante los primeros meses del año. También mencionó presuntas inconsistencias en actas de la Junta Asesora, como la falta de firmas y de quórum.

Frente a las críticas, el Ejército Nacional de Colombia respondió, mediante un comunicado difundido el 6 de mayo, que los procesos de retiro "no son arbitrarios ni repentinos" y que se realizan conforme a los Decretos Ley 1790 y 1793 de 2000, además de otras normas vigentes. La institución sostuvo que las decisiones son analizadas previamente por comités y evaluaciones internas.