Uno de los puntos centrales del caso son los intercambios de mensajes y comunicaciones que evidenciarían la planificación del crimen. Esos registros lo vinculan con tareas de inteligencia previa, como la observación de movimientos del dirigente político y la coordinación con otros involucrados en la ejecución.

Además, la investigación lo conecta directamente con otra de las personas condenadas, identificada como quien habría transportado el arma utilizada en el ataque. Este vínculo refuerza la hipótesis de que no se trató de un hecho aislado, sino de una estructura organizada con roles definidos.

El asesinato ocurrió el 7 de junio de 2025 durante una actividad política, cuando un sicario disparó contra el dirigente, quien falleció semanas después a causa de las heridas.

Para los investigadores, el acusado habría cumplido funciones clave en la etapa previa al atentado, especialmente en la coordinación logística y los contactos entre los distintos integrantes de la organización. En ese sentido, la causa apunta a una red más amplia detrás del crimen, con conexiones que siguen siendo analizadas por la Justicia.