Uno de los ejes de la investigación estuvo vinculado a convenios relacionados con obras públicas, principalmente proyectos viales. Según los magistrados, estos contratos —destinados a mejorar la calidad de vida de la población— fueron utilizados como herramienta para intereses particulares, lo que agravó la gravedad de los hechos.

Por estos delitos, Ramírez fue hallado culpable de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Además de la pena de prisión, deberá afrontar una multa superior a 22.000 millones de pesos y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de 23 años.

El fallo también establece que no podrá acceder a prisión domiciliaria ni a beneficios hasta que la condena quede firme, por lo que deberá cumplir la pena en una unidad carcelaria una vez agotadas las instancias judiciales.

En el marco del caso conocido como “las Marionetas”, se determinó que el senador habría direccionado al menos dos contratos interadministrativos por montos de 22.173 millones y 49.460 millones de pesos en los departamentos del Quindío y Tolima. A cambio, habría recibido aproximadamente 1.000 millones de pesos en coimas, con exigencias de hasta el 15 por ciento del valor de cada contrato.

La investigación también alcanzó a personas de su entorno, como una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo y un contratista, ambos vinculados por presuntas irregularidades en el mismo esquema.

Si bien la Corte lo absolvió de algunos cargos puntuales por falta de pruebas, la condena principal se mantiene firme por su rol dentro de la estructura que, según la Justicia, desvió recursos públicos en beneficio propio.

El escándalo de “las Marionetas” tiene antecedentes en maniobras atribuidas al fallecido exsenador Mario Castaño, quien habría implementado un sistema para manipular contratos estatales y cobrar sobornos, un modelo que posteriormente habría sido replicado por otros dirigentes, entre ellos Ramírez.