A inicios de 2026, tras decretar emergencia económica por inundaciones en Córdoba, Antioquia y La Guajira, el Ejecutivo creó un impuesto temporal al patrimonio para empresas con activos superiores a 10.474 millones.

Hacienda estima recaudar 8 billones, mientras Anif proyecta hasta 13,5 billones. La tarifa del 1,6 por ciento impacta a bancos y firmas mineroenergéticas. El decreto también habilita contratación directa y expropiaciones en zonas afectadas.

En el frente pensional, el Ministerio del Trabajo propuso trasladar en 15 días más de 25 billones desde fondos privados hacia Colpensiones, afectando a cerca de 120.000 afiliados.

El punto, aún bajo revisión constitucional, podría forzar ventas de TES y empujar el costo de la deuda por encima del 14 por ciento, según Anif.

Petro además planteó reducir del 48,8 por ciento al 30 por ciento el límite de inversión internacional de los fondos, lo que implicaría repatriar unos 125 billones. Analistas advierten que concentrar recursos en el mercado local elevaría riesgos y restaría eficiencia.

La Dian, por su parte, cobró 5,3 billones a Ecopetrol por IVA de importaciones entre 2022 y 2024, mientras aumentó autorretenciones en gas, carbón y energía. Fedesarrollo calcula un impacto de entre 6 y 13,9 billones.

A ello se suman 23 billones en TES vendidos a PIMCO y 4.950 millones de dólares en deuda externa. El resultado es una red de financiamiento monumental que hoy presume recaudo, pero compromete estabilidad futura.