El informe señala que el riesgo electoral persiste debido al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales que ejercen control territorial y político, llegando incluso a interferir en campañas, bloquear candidaturas y establecer normas que condicionan el comportamiento de los votantes.

Entre los grupos señalados se encuentran el Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, el Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las Farc, el grupo Comuneros del Sur y otras organizaciones criminales.

Según la Defensoría, estas estructuras han asumido funciones propias del Estado en distintas regiones, regulando la actividad política e imponiendo restricciones a la población.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por el impacto de esta situación en la calidad democrática. Señaló que el principal riesgo no es la suspensión de los comicios, sino que estos se desarrollen bajo presión y sin verdadera libertad, en contextos donde las comunidades permanecen condicionadas por la presencia de actores armados.

Las zonas más afectadas se concentran en las regiones Caribe, Noroccidente y Suroccidente del país, donde se registran amenazas, limitaciones a la movilidad y normas impuestas por grupos ilegales que alteran el proceso electoral.

En departamentos como Antioquia y Córdoba, por ejemplo, se detectó la consolidación de estructuras criminales que ejercen control social y político con bajo perfil, pero alta capacidad de influencia.

El número de municipios en situación de riesgo también aumentó. Actualmente, 69 localidades se encuentran en riesgo elevado, mientras que 168 requieren intervención urgente y 433 necesitan acciones prioritarias.

En paralelo, se registraron 457 amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos, con mayor concentración en regiones como Santander, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.

El informe también advierte sobre homicidios selectivos, amenazas sistemáticas, restricciones a campañas y vetos territoriales contra candidatos, especialmente en zonas rurales.

Incluso, aspirantes a cargos vinculados a las circunscripciones especiales de paz han debido solicitar autorización a grupos armados para poder movilizarse o realizar actividades proselitistas.

La Defensoría alertó además sobre el impacto diferenciado en mujeres, periodistas, firmantes de paz y funcionarios públicos, quienes enfrentan presiones, intimidaciones y limitaciones que afectan su participación política.

Ante este escenario, el organismo emitió nuevas recomendaciones y exigió al Ministerio del Interior asumir un rol más activo en la coordinación de medidas de prevención.

También solicitó al Ministerio de Defensa fortalecer la seguridad electoral, garantizar el traslado del material de votación y proteger los puestos electorales en zonas vulnerables.

Asimismo, instó a la Fiscalía a intensificar las investigaciones por posibles delitos de constreñimiento electoral y a la Procuraduría a supervisar el cumplimiento de las medidas, aplicando sanciones a funcionarios que no actúen frente a las amenazas.

La Defensoría concluyó que el contexto actual representa un desafío grave para la democracia, al advertir que la influencia de los grupos armados no solo pone en riesgo la seguridad, sino también la libertad y legitimidad del proceso electoral.