El sector asegurador aparece como uno de los más sensibles, ya que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y ciertos montos indemnizatorios se calculan en múltiplos del salario mínimo, por lo que una eventual anulación del decreto obligaría a revisar esos valores.

En vivienda, los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP) también están expresados en salarios mínimos, lo que podría impactar en precios máximos permitidos y en el acceso a créditos habitacionales.

En salud, el efecto alcanza a copagos, cuotas moderadoras y aportes de trabajadores independientes, mientras que en educación varios aranceles privados y técnicos suelen ajustarse bajo la misma referencia salarial.

Economistas señalan que, si el decreto fuera anulado definitivamente, muchas tarifas indexadas deberían corregirse, aunque advierten que algunos precios tienden a subir con rapidez pero rara vez retroceden, generando rigideces en la estructura de costos.

Pese al conflicto jurídico, el Gobierno colombiano ratificó que el aumento salarial sigue produciendo efectos legales y debe pagarse desde el 1 de enero, al menos hasta que exista una decisión definitiva del alto tribunal.

La resolución final del Consejo de Estado será determinante para establecer si los incrementos se consolidan o si parte del sistema tarifario deberá recalcularse durante 2026, con impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en la dinámica inflacionaria.