Frente a las críticas jurídicas, el presidente optó por un atajo político. Desestimó los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del decreto y los atribuyó a una supuesta presión de los sectores económicos más poderosos. No hubo una respuesta técnica a los reparos legales, solo una descalificación general: si alguien objeta, es porque defiende privilegios. Un razonamiento funcional, pero débil para un debate que ya llegó a las altas cortes.

El tono se intensificó cuando Petro habló de “codicia y odio” y de “cinco centavos que no quieren devolver”. La metáfora resultó eficaz para el aplauso militante, pero pobre como explicación fiscal. ¿Qué recursos concretos deben devolverse? ¿Por qué vía se habrían apropiado de ellos? ¿Bajo qué norma se recuperarían? Las preguntas quedaron sin respuesta, sustituidas por consignas morales.

Para reforzar su relato, el mandatario volvió la mirada al pasado y apuntó al gobierno de Iván Duque, al que acusó de manejar “billones, billones de dinero público”. El señalamiento, nuevamente, fue amplio y sin desagregar. La herencia sirve como argumento defensivo, pero no reemplaza la obligación de rendir cuentas propias, sobre todo cuando se apela a una herramienta excepcional como la emergencia económica.

De este modo, Petro defendió una medida extraordinaria con argumentos extraordinariamente vagos. Mucha épica redistributiva, poca letra chica. Mucho enemigo poderoso, pocos números sobre la mesa. En un debate que exige precisión técnica, el presidente eligió el megáfono político.