El movimiento busca consolidarse como un partido único, pero enfrenta la presión del calendario y la necesidad de que el CNE determine si la consulta será de carácter partidista o interpartidista.

Esa definición marcará el alcance de su margen de acción en la construcción de un frente amplio para marzo. En este contexto, la renuncia del exalcalde Daniel Quintero generó ruido: oficialmente dijo apartarse por el riesgo de inhabilidades, aunque dentro del mismo Pacto se sospecha que la jugada responde a una estrategia para ganar tiempo y reforzar su candidatura.

En las últimas horas, dirigentes del Pacto Histórico acudieron al CNE para exigir una decisión que les permita usar logo y personería jurídica en los tarjetones. Sin esa certificación, el resultado de la consulta podría ser cuestionado o incluso impugnado.

Los magistrados convocaron a una sala plena extraordinaria para analizar el tema y, aunque aún no hay una decisión definitiva, se reconocen avances que podrían derivar en un pronunciamiento en breve.

En el petrismo hay señales de optimismo, aunque con cautela. Voceros de la coalición aseguraron que los acercamientos con los magistrados permiten proyectar un panorama “favorable” y anticiparon un comunicado oficial este viernes. Sin embargo, dentro del tribunal no existe consenso pleno y persisten diferencias sobre los alcances legales de la consulta.

El retiro de Quintero abrió un nuevo frente de conflicto. El exalcalde pidió que se reimprimieran los tarjetones para retirar su fotografía, algo que el registrador nacional Hernán Penagos descartó de plano: “No estaríamos preparados para cambiar los tarjetones. Los plazos son perentorios”, subrayó. De esta manera, la imagen de Quintero permanecerá en la papeleta del 26 de octubre pese a su renuncia.

Al mismo tiempo, sectores opositores reclaman sanciones. El concejal del Centro Democrático Daniel Briceño anunció acciones legales para que Quintero y su partido asuman los costos de la consulta, mientras que Alejandro de Bedout, cercano al alcalde Federico Gutiérrez, pidió a la Contraloría investigar un posible detrimento patrimonial por el retiro tardío.

Consultado por los medios, el exregistrador Alfonso Portela explicó que la Ley 1475 de 2011 contempla sanciones disciplinarias internas dentro de las colectividades, pero no multas directas para precandidatos que abandonen la contienda.

El verdadero impacto jurídico, advirtió, estaría en el ámbito interno de la coalición y, eventualmente, en lo económico si se demuestra un perjuicio patrimonial por el material electoral ya impreso.

La decisión que adopte el CNE en las próximas horas será determinante: de ella depende no solo si el Pacto Histórico logra consolidarse como partido unificado, sino también la validez política de la consulta y el futuro del proyecto progresista de cara a las elecciones de 2026.