En efecto, el tribunal señala que el derecho a la información implica libertad de elección, no imposición. Cuando Petro ordena la emisión de los consejos en horarios estelares, de 19 horas a 22 y 30, fuerza a la ciudadanía a consumir su narrativa o, simplemente, apagar el televisor.

Este horario, según el Consejo, es clave para el acceso al ocio, la cultura y la información plural, derechos que el presidente parece ignorar en su afán de protagonismo. Así, la resolución desnuda una maniobra que, bajo el pretexto de la transparencia, busca monopolizar la atención pública.

Por su parte, Petro defendió en febrero estas transmisiones, asegurando que hacían públicas las discusiones del Gobierno. Sin embargo, la realidad dista de esa retórica. La primera sesión, emitida el 4 de febrero, mostró tensiones internas, como los reclamos de la vicepresidente Francia Márquez por nombramientos en el gabinete, más que un ejercicio de rendición de cuentas. Lejos de esclarecer, estas emisiones han servido como escenario para la autopromoción, dejando a los canales privados sin margen para ofrecer contenidos diversos.

No obstante, la reacción de Petro ante la resolución revela su resistencia a acatar el fallo. En una publicación en X, calificó la decisión como un acto de censura, afirmando que “los asuntos públicos son públicos”.

Esta postura, además de desafiante, ignora el núcleo del problema: no se trata de censurar, sino de garantizar que los ciudadanos no sean rehenes de su agenda mediática. Su insistencia en victimizarse refuerza las críticas sobre un estilo de gobernar que confunde transparencia con espectáculo.

En consecuencia, el Consejo de Estado permite que los consejos se transmitan en canales públicos nacionales, una vía que respeta el equilibrio entre acceso a la información y pluralidad. Mientras tanto, Petro enfrenta un revés que pone en entredicho su compromiso con la democracia. Su afán por controlar el relato, en lugar de fortalecer el debate público, lo aleja del mandato que juró cumplir.