El 25 de marzo, durante la audiencia preparatoria, la fiscal Lucy Laborde Betancourt presentó pruebas que apuntan a un sofisticado esquema de lavado de dinero en el que Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez estarían involucrados.

Según la Fiscalía, ambos habrían utilizado una empresa y una fundación como fachada para legalizar recursos obtenidos de manera ilícita. Estos fondos, lejos de ser empleados de manera ética, fueron destinados a financiar un estilo de vida opulento que incluyó la adquisición de propiedades lujosas, joyas y procedimientos estéticos.

Las entidades utilizadas para estas operaciones fraudulentas, según la Fiscalía, son el Grupo Delta Limitada y la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Mientras que el Grupo Delta, dedicada supuestamente a la consultoría en arquitectura, actuaba como fachada, Fucoso proporcionaba un amplio catálogo de servicios, algunos de los cuales fueron contratados por entidades públicas.

Entre estos contratos se destaca una serie de acuerdos con la Gobernación del Atlántico, en los que se habrían detectado irregularidades que favorecieron económicamente a Nicolás Petro y su exesposa.

De acuerdo con la fiscalía, Fucoso firmó al menos dos convenios con la Gobernación del Atlántico, en los cuales se detectaron irregularidades, como la subcontratación de personal a salarios reportados que superaban los realmente pagados.

Esto habría permitido que Petro Burgos y Vásquez se beneficiaran económicamente. En total, Fucoso obtuvo tres contratos con la Gobernación entre 2017 y 2022, por un valor de más de 2.200 millones de pesos.

Uno de estos contratos, destinado a implementar zonas cardioprotegidas en instalaciones públicas, no tiene relación directa con el hijo del presidente. Sin embargo, los otros dos convenios, que trataban sobre la creación de centros de vida móviles para adultos mayores, sí estarían vinculados a Nicolás Petro y su expareja.

A lo largo de la investigación, se ha revelado la intervención de Pedro Name, expareja de Vásquez y miembro del influyente clan político del Atlántico, quien habría actuado como intermediario para garantizar que los contratos fueran adjudicados a Fucoso.

La Fiscalía ha presentado como evidencia conversaciones y audios de WhatsApp que supuestamente respaldan las acusaciones. En uno de los audios, fechado el 5 de agosto de 2021, Vásquez menciona a Raúl Lacouture Daza, funcionario de la Gobernación del Atlántico, quien habría autorizado uno de los contratos con Fucoso por 400 millones de pesos. Este contrato fue firmado solo 20 días después de la conversación.

La sombra de corrupción también ha alcanzado a otros actores políticos. Se han presentado chats en los que Nicolás Petro y Daysuris Vásquez discutirían la posibilidad de solicitar “regalos” a Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla. Se ha encontrado evidencia de que Char envió cinco millones de pesos en efectivo, acompañados por una fotografía de un fajo de billetes.

El abogado de Char, Iván Cancino, negó la autenticidad de estas conversaciones, argumentando que el número de teléfono involucrado no pertenecía a Alejandro Char. Sin embargo, la Fiscalía sigue recopilando pruebas que podrían involucrar a otras figuras políticas de alto perfil, como Adelina Covo, Armando Benedetti, y los empresarios Euclides Torres y Gabriel Hilsaca.

Este escándalo no hace más que evidenciar la profunda corrupción que continúa sacudiendo las estructuras del poder en el país, y que, lamentablemente, involucra a la familia del presidente Gustavo Petro.

La magnitud de los presuntos crímenes y el nivel de implicación de figuras políticas de alto rango son un golpe directo a la credibilidad de un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y justicia. Sin embargo, lo que se está desvelando es una red de corrupción que no parece tener fin.