La Comisión Séptima del Senado archivó la iniciativa el 18 de marzo, luego de que ocho de sus catorce integrantes recomendaran su rechazo. En respuesta, Petro atacó a los congresistas que votaron en contra, acusándolos de actuar “exclusivamente y abiertamente por la codicia”.

Además, el presidente señaló que esta decisión constituía “una ruptura abierta contra la Constitución”, insinuando que el Congreso no legisla en función del interés general, sino de sectores económicos poderosos.

Lejos de aceptar el revés legislativo, el Gobierno busca imponer la reforma por otros medios. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que se avanzará en la implementación de algunos puntos mediante la expedición de decretos presidenciales, evadiendo así la discusión parlamentaria.

“Los decretos que vamos a producir en los próximos días serán el resultado de lo que hemos elaborado recientemente en el Ministerio de Trabajo, que pasarán por el examen jurídico en la Casa de Nariño y que tendrán la firma del presidente de la república y del ministro de Trabajo”, explicó el funcionario.

Además, el Ejecutivo apuesta por una consulta popular como alternativa para revivir la reforma rechazada. El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que ya se preparan las preguntas que se someterán a votación. “Todo tendrá que ser acorde a los tiempos y ya tenemos estructuradas 11. No hay afán, lo importante es que queden bien hechas”, declaró.

El fracaso del proyecto en el Congreso y la insistencia del Gobierno en imponerlo a través de decretos y una consulta popular generan un clima de incertidumbre política y refuerzan la imagen de un Ejecutivo que, en lugar de construir consensos, opta por la confrontación y la descalificación de sus adversarios.