Sin embargo, varios alcaldes rechazaron la medida y confirmaron que en sus ciudades la jornada laboral será normal. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, afirmó que “no vamos a parar. La mejor política social es la generación de empleo, no imponer feriados por decreto”. En la misma línea, Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, sostuvo que su ciudad es productiva y que “los deberes con la ciudadanía no pueden detenerse”.

Desde el Congreso, la senadora María Fernanda Cabal criticó la decisión de Petro y alertó que “un día cívico no es un día festivo. Petro no tiene facultades para obligar a los empresarios a cerrar sus negocios”. Además, advirtió sobre posibles presiones del Gobierno para que los empleados públicos asistan a las marchas.

El decreto de Petro confirma su estrategia de recurrir a la movilización popular como mecanismo de presión política, un método que ha sido utilizado por otros gobiernos de corte populista en la región. La consulta que impulsa podría convertirse en un paso más hacia un modelo de poder con mayor intervención estatal y control sobre la sociedad.