Las normas que dicen proteger a los trabajadores, en realidad, les cierran la puerta del empleo formal y los condenan a la informalidad o el desempleo.

En Colombia, esto es evidente. La legislación laboral ha sido diseñada bajo la idea de que equilibra el poder entre empresarios y empleados, pero los datos muestran otra realidad.

El 97 por ciento de las empresas en el país son microempresas, el 2 por ciento pequeñas y el 0.6 por ciento medianas. Apenas el 0.4 por ciento son grandes empresas.

Esto desmonta el mito de que las regulaciones benefician a los grandes empresarios. En realidad, las grandes empresas han sido expulsadas o reducidas a su mínima expresión por un sistema que obstaculiza su crecimiento.

Las mipymes generan el 79 por ciento del empleo en la economía colombiana, mientras que las grandes empresas solo el 21 por ciento.

Es decir, la base del empleo no está en las grandes compañías, sino en pequeños y medianos negocios que operan con márgenes ajustados y sin capacidad de asumir las cargas que impone la ley.

La legislación laboral que tenemos hoy no funciona. Ha beneficiado a los funcionarios públicos y a quienes ya tienen un empleo formal, mientras deja por fuera a millones de trabajadores que no pueden acceder al mercado regulado.

No se pondera la productividad, sino la estabilidad y la antigüedad. Contratar a alguien nuevo es un riesgo tan costoso que muchas empresas prefieren mantenerse pequeñas o no formalizarse.

La productividad, clave en cualquier economía competitiva, no es incentivada. En su lugar, las regulaciones castigan la eficiencia y premian la permanencia sin importar el rendimiento. Esto reduce la competitividad del país y condena a las empresas a un modelo de subsistencia.

Ahora, el gobierno de izquierda quiere llevar esta crisis al extremo con su reforma laboral. Si la legislación actual ya ha destruido la mayoría de las grandes empresas, la reforma propuesta sería el golpe final. En lugar de flexibilizar las normas para permitir que más personas ingresen al mercado laboral formal, las haría aún más restrictivas.

Esto garantizaría que solo los empleados actuales se beneficien, mientras los desempleados y los informales siguen sin oportunidades.

El futuro de Colombia es preocupante. No hay grandes empresas, el empleo formal es limitado y la informalidad sigue creciendo. En estas condiciones, el mayor acto de amor que un padre puede hacer por sus hijos es decirles que se vayan del país.

Aquí, el trabajo estable es un privilegio para unos pocos, y la legislación sigue cerrando las puertas a quienes más lo necesitan. El hundimiento de la reforma laboral no es una solución, pero su aprobación habría sido una catástrofe. Si no eliminamos las barreras al crecimiento empresarial, el país seguirá en el mismo círculo vicioso.

Y, como siempre, pagan los pobres.