El abogado cuestionó, además, la capacidad del Estado para manejar la crisis en la región. Según el texto de su solicitud, el decreto reconoce la incapacidad de la Fuerza Pública para controlar la situación en el Catatumbo, lo que podría abrir la puerta a declaratorias similares en otras regiones del país afectadas históricamente por la violencia. Para Calderón España, esta situación podría desembocar en un uso generalizado y desproporcionado de los poderes excepcionales del presidente.

En su análisis, Calderón también vinculó el decreto a la actual relación entre Colombia y Estados Unidos, señalando que la suspensión de ayudas económicas y logísticas por parte del gobierno norteamericano, debido a la cercanía del Gobierno Petro con el régimen de Nicolás Maduro, agrava la situación fiscal del país. Según el abogado, esta decisión obliga a recurrir a recursos fiscales extraordinarios y ajustes al presupuesto nacional, afectando aún más la estabilidad económica de Colombia.

Por último, Calderón solicitó a la Corte Constitucional que evalúe si la suspensión provisional del decreto es necesaria para evitar efectos irremediables, argumentando que las normas podrían ser inconstitucionales y, en caso de no tomarse medidas cautelares, se podrían eludir los controles constitucionales establecidos.

La Corte tendrá ahora la tarea de revisar los argumentos presentados y decidir si procede la suspensión del decreto, en un proceso que definirá no solo el alcance de esta medida, sino también su impacto en la política interna y externa del país.