Durante tres décadas, el Estado ha reducido su participación en el financiamiento de las universidades, a pesar del aumento de estudiantes y la ampliación de programas. El porcentaje de ingresos provenientes del gobierno pasó del 74 por ciento al 50 por ciento en los últimos años, mientras que los costos de operación se dispararon. Desde la infraestructura hasta los salarios de los profesores, las universidades se han visto obligadas a recurrir a préstamos y a buscar fuentes de financiamiento externas, pero los recursos no son suficientes.

La Universidad de Antioquia es uno de los ejemplos más graves de esta crisis, con una deuda que supera los 340.000 millones de pesos. El rector, John Jairo Arboleda, señaló que las opciones para generar recursos se han agotado: "Hemos tenido que recurrir a estrategias limitadas, y los ahorros ya se han terminado". Otras universidades, como la Universidad Industrial de Santander (UIS), también están al borde de la quiebra, después de enfrentar retrasos en los aportes gubernamentales y dificultades para cumplir con sus compromisos.

El sistema universitario estatal (SUE) ha hecho un llamado urgente al gobierno y al Congreso para reformar la Ley 30, que es la base de esta crisis. La propuesta es ajustar los aportes a un nuevo índice, el Ices, que refleje los costos reales de la educación superior. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se financiarán estos cambios ha generado dudas entre los legisladores, especialmente aquellos del Centro Democrático, que cuestionan la viabilidad fiscal de la reforma.

El gobierno de Gustavo Petro se ha comprometido a financiar las instituciones educativas, pero la realidad muestra que el aumento en el presupuesto de educación no es suficiente para resolver los problemas estructurales del sector. En lugar de proporcionar soluciones efectivas, el gobierno parece estar simplemente parando los agujeros de un sistema colapsado con medidas que no abordan la raíz del problema.

Las universidades, los estudiantes y los docentes continúan luchando por una educación pública digna, mientras el gobierno nacional y los congresistas siguen demorando una solución que es cada vez más urgente. La situación está lejos de ser resuelta y, si no se toman decisiones rápidas y efectivas, varias universidades podrían enfrentar una situación de inviabilidad financiera en los próximos meses. La promesa de una "educación para todos" está en serio peligro debido a la falta de acción de un gobierno que prefiere los discursos vacíos a la acción concreta.