Además, la firma del contrato impactará de forma directa a Movistar, uno de los principales operadores en Colombia. El proyecto busca reducir el dominio de las empresas actuales del mercado y otorgar un papel protagónico a Huawei en el desarrollo de la infraestructura tecnológica nacional. Esto ha levantado sospechas sobre el equilibrio competitivo del sector y la transparencia del proceso de adjudicación.

Críticos también han señalado que el acuerdo refuerza la dependencia tecnológica de Colombia respecto a empresas extranjeras, particularmente en un contexto donde Huawei ha enfrentado sanciones internacionales por preocupaciones relacionadas con la seguridad y el espionaje. A pesar de estas advertencias, el Gobierno ha defendido la firma del contrato como una acción estratégica para promover la equidad digital en el país.

Por su parte, Gustavo Petro aseguró que este proyecto es clave para cerrar las brechas digitales y facilitar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos en las zonas más rezagadas del país. Sin embargo, las implicaciones financieras y el impacto en los consumidores no parecen haber sido abordados con la profundidad necesaria, dejando abierta la posibilidad de un ajuste tarifario que afectaría a los usuarios finales.

El contrato, anunciado como un avance tecnológico para el país, ha despertado serios cuestionamientos sobre su costo y las prioridades del Gobierno. En un momento donde el país enfrenta retos económicos significativos, el millonario desembolso pone en evidencia la falta de un enfoque integral que contemple tanto la modernización como la sostenibilidad económica de las políticas públicas.