Petro afirmó que la conexión entre el diseño elevado actual y la línea subterránea en la calle 72 sumaría media hora al tiempo de transporte. Propuso, en cambio, soterrar el tramo central del metro desde Puente Aranda hasta la Caracas, asegurando que esta modificación reduciría los viajes en 20 minutos y evitaría problemas con futuras líneas subterráneas.

El mandatario calificó de "aberrante" el concepto del metro elevado como complemento de troncales de buses, pero esta crítica no se sustenta en soluciones claras y genera incertidumbre en torno al avance del proyecto. Más preocupante aún, sus ataques no se limitan al diseño técnico, sino que incluyen señalamientos directos al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al exalcalde Enrique Peñalosa, a quienes responsabilizó por el supuesto sabotaje al metro subterráneo.

Según Petro, un convenio firmado en 2017 transformó el proyecto de una concesión privada a un contrato público para evitar la entrega de estudios previos, lo que, según él, ocasionó un “daño irreversible” a la ciudad. No obstante, las declaraciones del presidente parecen más orientadas a revivir viejas disputas políticas que a proponer soluciones viables y respaldadas por los estudios técnicos necesarios para una infraestructura de esta magnitud.

El enfoque de Petro sobre el metro ha sido duramente cuestionado por su falta de claridad sobre cómo planea financiar y ejecutar un soterramiento que, según expertos, implicaría costos desbordados y significativos retrasos adicionales. En lugar de avanzar hacia la implementación de un sistema de transporte moderno, sus constantes intervenciones parecen entorpecer un proyecto esencial para Bogotá, una ciudad que lleva décadas esperando un metro funcional.

Mientras la ciudadanía enfrenta diariamente problemas de movilidad cada vez más graves, el presidente se centra en revivir discusiones pasadas en lugar de facilitar el avance de una obra crítica para millones de bogotanos.