Según la ley, quienes perciban menos de diez salarios mínimos (aproximadamente 13.000.000 de pesos) estarán exentos del descuento. Sin embargo, los pensionados con ingresos entre diez y 20 salarios mínimos tendrán una deducción del 1 por ciento, mientras que aquellos que superen los 20 salarios mínimos verán una reducción del 2 por ciento en sus mesadas.

El Gobierno argumenta que esta medida es clave para financiar ayudas como el bono pensional para los sectores más vulnerables, promoviendo un sistema que califica como “más equitativo”. No obstante, el impacto en los pensionados que contribuyeron durante años para alcanzar mesadas más altas ha despertado una ola de críticas, ya que muchos consideran que esta política castiga el ahorro y el esfuerzo laboral.

Adicionalmente, los recursos obtenidos se destinarán a la Subcuenta de Subsistencia, la cual, según la norma, pretende reducir las desigualdades en el acceso a las pensiones. Sin embargo, este enfoque ha generado dudas sobre la sostenibilidad del sistema y la efectividad de las medidas redistributivas propuestas.

En el Pilar Contributivo, la ley establece que las cotizaciones no podrán ser inferiores al salario mínimo legal vigente, salvo para quienes cotizan por semanas. Aunque esta disposición intenta adaptarse a las dinámicas laborales actuales, plantea interrogantes sobre cómo garantizará el cumplimiento en sectores informales, que representan un alto porcentaje de la fuerza laboral en el país.

La reforma, liderada por el Ministerio del Trabajo, se presenta como un paso hacia la equidad, pero las críticas al Gobierno Petro apuntan a que las medidas implementadas, lejos de resolver problemas estructurales, imponen nuevas cargas a los pensionados que ya han cumplido con sus contribuciones, generando descontento entre amplios sectores de la población.