La Andi subrayó que es responsabilidad del Gobierno nacional, a través de los ministerios de Salud y Hacienda, junto con el Departamento Nacional de Planeación, definir el ajuste de la UPC. Además, enfatizó que antes de emprender reformas estructurales, se debe estabilizar la operación actual del sistema y garantizar los recursos necesarios para evitar déficits recurrentes que afectan la atención a los colombianos.

Lejos de atender estas advertencias, Petro atribuyó las dificultades del sistema a una supuesta mala gestión de las EPS y condicionó cualquier incremento de la UPC a la recuperación de los recursos de las reservas técnicas. “Si me devuelven todo el dinero de las reservas técnicas que se llevaron las EPS, le concedo el deseo codicioso a la ANDI”, afirmó Petro, calificando de codicia la solicitud del gremio, sin ofrecer una solución concreta para enfrentar las deficiencias del sector.

El sistema de salud atraviesa una crisis estructural que pone en riesgo el acceso oportuno a servicios esenciales y la estabilidad económica de millones de hogares. Mientras tanto, el gobierno de Petro opta por discursos que polarizan y distraen, en lugar de tomar decisiones responsables para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esta postura genera incertidumbre y afecta directamente a los colombianos que dependen de un sistema de salud en condiciones críticas.