A pesar de los discursos sobre la importancia del nuevo sistema, Colpensiones ha admitido ante el Congreso que carece del presupuesto, personal y tecnología necesarios para cumplir con la reforma. No hay proyectos concretos en marcha para la mejora de los sistemas, y se depende de consultorías en curso, dos de las cuales ni siquiera están registradas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

Las inversiones específicas que exige la reforma no se han definido, dejando en evidencia la falta de planificación y gestión por parte del Gobierno. Incluso las medidas tecnológicas, como la contratación de un experto en blockchain y la implementación de herramientas de inteligencia artificial, parecen improvisadas y distan de ser suficientes para enfrentar el impacto de un sistema que tendrá que gestionar 25,9 millones de afiliados, un aumento drástico respecto a los actuales 6,8 millones.

La reorganización necesaria para enfrentar estos desafíos, que incluye la contratación de personal adicional y la adaptación de la estructura institucional, depende de procesos administrativos que difícilmente estarán listos antes de la entrada en vigor de la reforma.

Mientras tanto, el Comité de Transición Operativa ha identificado 58 hitos cruciales que requieren coordinación entre Colpensiones y los fondos privados, pero la infraestructura informática actual apenas ofrece un punto de partida básico para lo que se avecina.

Esta falta de preparación no solo pone en riesgo la implementación de la reforma, sino que también amenaza con colapsar un sistema que debería garantizar derechos fundamentales a millones de ciudadanos.