En un video compartido en su cuenta de X, Pulido manifestó su compromiso de defender los derechos de los niños del país. “Por nada del mundo vamos a permitir que el Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación o la Corte Suprema, pretendan entregar semejante beneficio a los violadores y asesinos de niños”, afirmó.

Además, el senador se dirigió a los ciudadanos colombianos, pidiendo su atención y apoyo para impedir la aprobación de este artículo.

“Que Colombia no se distraiga. ¡Esta semana es clave para tumbar la rebaja de penas que Petro, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia quieren entregarle a los violadores y asesinos de niños!”, exclamó.

Rechazo de la sociedad civil y organizaciones

La oposición al polémico artículo 7 no solo proviene del Senado. Más de 250 mujeres líderes y representantes de organizaciones civiles, en una carta dirigida al presidente de la Comisión Primera del Senado, Ariel Ávila, manifestaron su rechazo a la rebaja de penas en casos de delitos graves contra menores. Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe, firmó el documento y afirmó que “los niños son el futuro de nuestro país y merecen vivir en un entorno seguro, libre de amenazas”.

El grupo de firmantes pidió que se retire el artículo, argumentando que “necesitamos salvaguardar los derechos de aquellos que, en su vulnerabilidad, necesitan de la garantía de un entorno legal robusto y protector”.

Postura del Ministerio de Justicia

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, defendió la inclusión del artículo en la reforma, indicando que la rebaja de pena está condicionada a la aceptación del delito y la colaboración en el proceso judicial. Según Buitrago, esta medida “no busca beneficiar a los autores de delitos graves contra menores, sino que se les impondrá una sanción, pero con una reducción mínima”.

El debate sobre la Reforma a la Justicia continuará en el Senado durante el mes de noviembre, con la ciudadanía y sectores sociales atentos al desenlace de la discusión.

La posición de rechazo del senador Hernández y de las organizaciones plantea una presión significativa al Gobierno, mientras que las declaraciones de la ministra Buitrago abren una polémica sobre el alcance de los beneficios contemplados en el artículo.