El exmandatario señala que, a pesar de que el Gobierno debe respetar y acatar las decisiones de la Corte, Petro ha actuado de manera parcial en el cumplimiento de estas. Gaviria destaca que el ministro de Hacienda anunció que no se pagarán las deudas de 2022, y que el Gobierno tampoco parece dispuesto a cumplir con las decisiones de las comisiones constitucionales del Congreso en materia de salud.

En la carta, Gaviria menciona que la reacción del Gobierno Petro ante decisiones judiciales desfavorables ha sido desacatar las sentencias y atacar a la Corte Constitucional. Critica a Petro por acusar a la Corte de darle un "golpe blando" cada vez que emite un fallo contrario a sus intereses, cuando en realidad, según Gaviria, es el presidente quien atenta contra la Constitución y el Estado de derecho con su actitud.

Gaviria pone como ejemplo la propuesta del Gobierno de estatizar el servicio de salud y eliminar las EPS (Entidades Prestadoras de Salud), que fue derrotada en un fallo de la Corte Constitucional. En lugar de respetar esta decisión, Gaviria acusa al Gobierno de propiciar el colapso del sistema de salud al no actualizar correctamente los pagos a las EPS ni desembolsar los recursos necesarios, lo que ha llevado a una progresiva desaparición de estas entidades.

El expresidente también critica al Gobierno por intervenir arbitrariamente las EPS bajo el argumento de que no cumplen con los índices de solvencia financiera, una situación que, según él, ha sido provocada en gran parte por el propio incumplimiento del Estado en sus obligaciones financieras. Gaviria subraya que el Gobierno ha retrasado los pagos a las EPS, acumulando un déficit significativo, y que solo gracias a la intervención de la Corte Constitucional, que ordenó al Ministerio de Salud realizar los pagos en un plazo de 45 días, se ha evitado el colapso total del sistema.

Al final de su carta, Gaviria enfatiza la importancia de alcanzar consensos políticos basados en el respeto por las sentencias judiciales y el pluralismo democrático. Advierte que cualquier acuerdo político debe partir del acatamiento de las decisiones judiciales y del respeto a la diversidad de ideas que enriquece el debate democrático.