Carvajal es un prestigioso jurista colombiano, cercano al gobierno, e incluso, fue considerado para la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación, que el presidente Petro debía presentar ante la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a Francisco Barbosa. Sin embargo, debido a su edad, 68 años, no tenía posibilidades de ser seleccionado.

En su publicación, el concejal adjuntó copias de los contratos en cuestión: uno con el Fondo Nacional del Ahorro por 192 millones de pesos, otro más con la misma entidad por 203 millones, un contrato con Colpensiones por 175 millones de pesos, y uno con Colombia Compra Eficiente por más de 164 millones de pesos.

Briceño, quien señala como una falta de ética este hecho, pidió la renuncia del abogado. “Lo mínimo que debería hacer el Dr. Carvajal es renunciar a sus contratos con el gobierno mientras defiende al Presidente Petro”.

En su denuncia, Briceño detalló los contratos con las entidades, en las que el abogado Carvajal funge como prestador de servicios para asesorías jurídicas.

Esta declaración ha generado un fuerte debate sobre la independencia de la defensa del presidente y la posible incompatibilidad de los contratos de Carvajal con el Gobierno.

La senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, replicó el hilo de trinos y cuestionó si la defensa del actual mandatario está siendo costeada por el Estado: “¿Ni siquiera paga su propio abogado?”. Afirmaciones que ponen en el debate la relación entre los contratos de Carvajal y su rol como defensor del presidente.

La denuncia de Briceño ha suscitado una discusión política sobre la ética profesional y la transparencia del Gobierno Petro sobre la posible influencia en los contratos estatales.