El jueves, como parte de un proceso de colaboración con la Justicia, empezó a confesar presuntos ingresos irregulares a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, entre ellos fondos de Samuel Santander Lopesierra, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico entre 2003 y 2021. También de un hijo de Alfonso “el turco” Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, y de otros controvertidos empresarios.

Su declaración hace temblar al primer gobierno izquierdista del país. El presidente afirmó que su campaña “no recibió dinero alguno de carácter ilícito”. Además, marcó distancia con su hijo. “No lo crié”, dijo en referencia a su separación y vida en la clandestinidad cuando fue guerrillero del M19.

Este viernes el abogado defensor, David Teleki, manifestó su preocupación por la seguridad de Nicolás Petro. ”Si él fuera a una cárcel, su señoría, no dura ni 24 horas”, afirmó. ”Es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales”, explicó. ”Para ello es indispensable que Nicolás Petro, su voz, sus palabras no las puedan acallar (...) por presiones de ningún tipo”, añadió el abogado al asegurar que su cliente ha sido víctima de “hostigamientos” e “intimidaciones”.

La fiscalía había solicitado la prisión domiciliaria para el político de 37 años. El juez conoció en los dos últimos días más pruebas según las cuales Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, movían grandes sumas de dinero en efectivo.

En un mapa de involucrados realizado por el ente investigador no aparece el mandatario, pero sí su esposa y madrastra de Nicolás, Verónica Alcocer.