De inicio, se afirmó que “se enfrentan dificultades poco despreciables en la actual realidad de Colombia”, sumado a la crítica del gobierno que se comprometió a retirar de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAO).

Sin embargo, expresaron que “dicho compromiso debía haberse cumplido antes de finalizar junio de 2023. Este incumplimiento coloca en unas condiciones jurídicas y políticas que afectan el proceso de paz”.

Entre otros cuestionamientos, presentaron su rechazo porque, al parecer, continúan las operaciones militares en coordinación con las fuerzas militares en varias regiones del país: Chocó, Bajo Cauca Antioqueño, Nordeste Antioqueño y sur de Bolívar.

Uno de los puntos que llamó más la atención en el documento es en el que aseguran que existe una ausencia de mecanismo internacional concreto y real de los comandantes del grupo armado.

Expresaron su preocupación por el financiamiento que a su pensar deberían tener los combatientes durante el cese al fuego en temas como alimentación, vestido y demás condiciones básicas.

“Durante el cese al fuego, interroga la posibilidad de acuerdos futuros, pues si ahora no es posible cubrir los gastos de alimentación, vestido, salud y condiciones básicas para unas tropas en cese al fuego, menos habrá voluntad”, aseguraron.

Y añaden “esperamos que en el poco tiempo que queda, estos interrogantes por resolverse puedan ser revisados”.

¿Habrá un financiamiento?

Tras este pronunciamiento, José Félix Lafaurie, representante del Gobierno en los diálogos con el ELN, aseguró que estas solicitudes solo pueden pensarse cuando dejen las armas.

“Cuando están secuestrando y están haciendo una cantidad de actividades criminales, yo no estoy seguro de que el Gobierno de Colombia, o cualquier país amigo, sea capaz de entregarle recursos para poder aliviar la situación financiera del ELN”, expresó.