La Operación Lava Jato –que se inició en 2009 y tomó impulso en 2013– fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Dilma Rousseff y a los miembros de su partido, especialmente el ex presidente Lula Da Silva.

Toda la campaña presidencial por la reelección de Dilma estuvo teñida por acusaciones de corrupción contra ella y Lula, motivadas por supuestos contenidos de las confesiones de dos de los que, por entonces, se presentaban como principales delatores de la causa. Fue precisamente tres días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves (PSDB) que la famosa revista Veja publicó la primicia de que ella y su antecesor, Da Silva, conocían todo el esquema de corrupción derivado de la empresa estatal Petrobras.

Dicha información, hasta entonces sólo sospechada, fue aparentemente revelada por el delator Alberto Youssef. Lo llamativo del caso es que el abogado de éste, en una entrevista realizada pocos días después negó conocer la información citada por la revista. Ya pasado el ajustado triunfo de Dilma se supo que funcionarios judiciales que participaban en el caso habían hecho campaña a favor de Neves y que el mismo delator lo había acusado de recibir coimas.

El por entonces presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), fue denunciado por la Procuraduría General de la República al Supremo Tribunal Federal (STF) en agosto de 2015 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de las investigaciones de la operación Lava Jato. Dos meses después de esa acusación –y el mismo día que el STF desestimó dos pedidos de impeachment contra Rousseff– Cunha fue denunciado en el Consejo de Ética de Diputados tras el descubrimiento de que éste poseía cuentas millonarias no declaradas en Suiza.

Hasta el momento, Cunha había desestimado también cinco pedidos de impeachment presentados en la Cámara; pero en diciembre de 2015, cuando los diputados del PT que integraban el Consejo de Ética votaron favorablemente por la apertura del proceso contra él, inmediatamente dio curso a otro pedido de impeachment –por improbidad administrativa, no corrupción– que estaba “cajoneado” y que finalmente prosperó. Sin negar el aspecto quid pro quo entre el PT y Cunha, lo cierto es que recién en mayo de 2016, por decisión del recientemente fallecido Ministro del STF Teori Zavascki, Cunha fue suspendido como diputado y, en consecuencia, como presidente de la Cámara.

Hacia junio de ese año, ya el STF había aceptado dos denuncias más y lo había imputado nuevamente por otra causa. Sin embargo, ya para entonces Rousseff tenía los días contados en la Presidencia gracias al accionar del ahora preso Eduardo Cunha y las dilaciones (¿complicidad?) del Supremo.

Reorganización del aparato judicial

Una de las claves del Lava Jato, es que resulta “innovador” a nivel regional por su método para obtener pruebas y usar la inusual figura de la delación en amplia escala. Esta novedad forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la región, como el Programa Puentes, en el marco de las reformas judiciales. Casualmente, entre los alumnos más destacados encontramos a Sergio Moro, juez a cargo del Lava Jato. Con un modelo similar al estadounidense, en Brasil, es el presidente el que designa al futuro miembro de la Corte, con el posterior aval del Senado. Tras la muerte de uno de los miembros del STF, Teori Zavascki, el presidente Michel Temer eligió a Alexandre Moraes como sucesor. Las sospechas con respecto a esta elección se deben a que Moraes fue abogado de Eduardo Cunha, también de Aècio Neves, y de una empresa de transportes identificada como parte de una organización criminal en San Pablo. Como ministro fue acusado de divulgar información privilegiada sobre la Operación Lava Jato, anticipando a los medios la prisión del petista Antonio Palocci –y en el marco de un evento de campaña del PSDB. El pliego de Moraes fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, presidida por Edson Lobao quien, como otros 10 integrantes, está siendo investigado en la Operación Lava Jato. En medio de amplias sospechas de corrupción sobre varios de los ministros del Gobierno, legisladores y del propio Temer –citado 43 veces en las confesiones– De Moraes será el revisor de Lava Jato en el plenario del STF y podrá actuar en casos que involucren a los funcionarios –como los anteriormente mencionados– que tienen fuero privilegiado. Uno de los principales columnistas de la oficialista revista Veja, tituló su nota del 6 de enero: “Temer puede anunciar el nombre hoy [del sucesor de Zavascki]; ¡que sea Moraes!”.

Doble rasero de la ley

A mediados de marzo de 2016, Dilma nombró a Lula Da Silva Ministro de la Casa Civil; sin embargo, el Ministro del STF, Gilmar Mendes anuló el nombramiento argumentando que esa decisión de la entonces Presidenta tenía como objetivo apartar a Lula de la esfera de influencia del juez Moro y quedar supeditado únicamente a la autoridad judicial del STF. Esta disposición se fundamentó en un audio que casualmente filtró Moro a la prensa el mismo día del nombramiento de Lula. Finalmente Lula no ejerció como ministro. Lo llamativo es que la misma situación volvió a plantearse en febrero del 2017. Michel Temer nombró a Moreira Franco, uno de sus principales aliados políticos como Secretario General de la Presidencia, una cartera con rango de ministerio que había extinguido Rousseff y que fue reabierta para la ocasión.

El nuevo secretario está citado 34 veces en la confesión de uno de los delatores de Lava Jato pero ese no fue motivo para que otro miembro del STF, Celso de Mello, impidiera que Moreira Franco alcance el fuero privilegiado como ministro y quede sólo bajo la órbita del STF. Por supuesto, para la prensa existen amplias diferencias entre los casos de Lula y el del nuevo secretario de la Presidencia. Sin que sus abogados fueran avisados, pero con la prensa en la puerta de su casa y con una treintena de policías, Lula fue conducido a un aeropuerto de San Pablo. Da Silva ya se había presentado a declarar voluntariamente todas las veces que se lo había citado, incluso en Brasilia, donde no reside. Se dedicaron cientos de portadas de diarios y numerosas horas de televisión a mostrar la imagen de Lula conducido por la Policía, reforzando la idea de que la corrupción –como exclusividad del PT– estaba siendo abatida por el mediático juez Sergio Moro. Con Cunha no fueron tan mediáticos, ni tuvieron tanta celeridad. De hecho su esposa, Claudia Cruz, también imputada en Lava Jato por lavado de dinero y evasión de divisas, tardó cinco meses en declarar ante Moro porque el eficiente juez no encontraba a la imputada en las dos direcciones que tenía registradas