Según el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, el proceso de liquidación no se aceleró para poder preparar todo un proceso que permitiera evitar efectos adversos en la atención de usuarios.

“Necesitábamos herramienta jurídicas administrativas y financieras para este proceso,haber liquidad hace 8 meses sin tener listo todo lo que teníamos que preparar hubiera sido una irresponsabilidad por que hubiéramos puesto en riesgo a más de 4.6 millones de afiliados”, señaló Muñoz.

Cabe recordar que Blu Radio conoció en primicia un documento de 16 páginas emitido por la Contraloría designada Crowe Horwath CO SA, en el cual desde el 6 de marzo de 2015 se advertía que “no se va a lograr subsanar la totalidad de los temas que dieron origen a la medid especial”, refiriéndose a la intervención de Saludcoop ordenada por el Gobierno Nacional.

Uno de los objetivos era declarar la red habilitada y realizar el respectivo registro, sin embargo desde la intervención todas las sedes fueron cerradas.

Otro de las metas que se preveía que no se podría cumplir al término de la intervención era el establecimiento de mecanismos para garantizar la idoneidad del personal médico.

Un punto importante abordado por el auditor fue la celebración en los casos que fueran necesarios, de los contratos de prestación de servicios de salud con las EPS SaludCoop, en intervención, Facesalud y Cruz Blanca.

De igual manera, no se pudo lograr la estructuración de un plan de depuración contable que debía ser presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud; se había aportado uno pero no cumplía con las necesidades del proyecto de intervención.

La auditoría advirtió además que no se iba a cumplir con el plan de cobro y recuperación de cartera con entidades vinculadas y externas, que a junio de este año eran cercanas a los $145.824 millones.

Así mismo, advirtió la auditoria, que no se iba a cumplir con el plan de acción tendiente a la formalización de arrendamientos de sedes y equipos biomédicos que estaba prevista para cumplirse a 31 de agosto de este año.

Otro de los puntos sobre los cuales se hizo advertencia fue la normalización de las relaciones comerciales con sus proveedores y el establecimiento de líneas para lograr independencia administrativa; a 19 de agosto de este año existían cuentas sin pagar que superaban los 360 días.