La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer funciones públicas al exconcejal de Bogotá Orlando Parada Díaz por el escándalo del “carrusel de la contratación”.
De acuerdo con la entidad, el exconcejal Parada recibió 400 millones de pesos provenientes del representante legal de la firma Patria S.A, Javier Mejía Bernal, los cuales fueron cobrados por Manuel Sánchez Castro mediante las facturas 0811 y 0823 del 29 de septiembre de 2010 y el 18 de marzo de 2011.
Se trata de dos pagos por un contrato de prestación de servicios profesionales, $230 millones 459.004 pesos y $173 millones 837.610 pesos, respectivamente, como contraprestación por sus oficios en la adjudicación de la licitación 021 de 2010, y con el propósito de poder, en el futuro, manejar posteriores licitaciones, a su favor.
En este caso, la Procuraduría señaló que Parada Díaz, en calidad de concejal de Bogotá y abogado de profesión, se encontraba en capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento, pues su amplia experiencia sobre todo lo concerniente a la Administración Distrital sirvió para su reelección.
El Ministerio Público tuvo en cuenta en este caso los testimonios de los exconcejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y Manuel Sánchez y compulsó copias a la misma Procuraduría para que se investigue al entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández, por supuestamente haber direccionado contratos a favor de Julio Gómez y Emilio Tapia.
