Ordóñez indicó que lo que menos esperaba era acudir a una audiencia de control para referirse a la omisión del presidente en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

"Me da cierta tristeza institucional acudir a este escenario. No por el Congreso sino por la omisión reiterada del presidente de cumplir sus funciones constitucionales. Este escenario no tendría que haberse dado si el presiente cumpliera con sus funciones constitucionales".

Para el jefe del Ministerio Público, el presidente Santos "ha omitido de manera obstinada, reiterada y desvergonzada el cumplimiento de sus exigencias constitucionales. Independiente de si le cae bien o mal el procurador, o si asume actitudes complacientes con las políticas públicas, no decaería determinar el cumplir sus deberes constitucionales".

En ese sentido, el procurador dijo que el presidente no puede omitir entregar información, ya que es una obligación. Por esa razón le hizo un llamado de atención a la Comisión de Acusación por no haberle abierto una investigación al presidente Santos.

Ordóñez le recordó al presidente que, le guste o no, es el procurador quien representa a la sociedad y las decisiones judiciales.

"Porque le guste o no al presidente, el procurador es quien representa a la sociedad. Le guste o no, el procurador es a quien le corresponde la defensa del ordenamiento jurídico y de las decisiones judiciales", indicó.

El procurador le dijo al Congreso que ninguna de las 60 preguntas tenía un propósito diferente a encontrar respuesta sobre los acuerdos que avanzan en La Habana, pero que el presidente nunca quiso dar una respuesta a algo que reclaman los colombianos.

Ordóñez finalizó su discurso indicando que los actuales acuerdos en la Habana son un instrumento en pro de los victimarios donde se están sacrificando a las víctimas.

Para el jefe del ministerio público lo grave no son las personas que integrarán la jurisdicción especial, sino lo que se presente en la jurisdicción especial para La Paz. "Esto será la legitimación de la impunidad". Dijo.

En cuanto al papel de las altas cortes, Ordóñez puntualizó que dicha jurisdicción someterá a la Corte Constitucional porque las acciones constitucionales no podrán ser conocidas por ella. Mientras que la Corte Suprema y el Consejo de Estado también resultarían afectados ya que las sentencias que éstas tengan en firme, podrán ser revocadas en cualquier momento y de este modo se alteraría la seguridad jurídica, ya que eventualmente se podrían reabrir procesos archivados y modificar su contenido.