Funcionarios de la Corte, aunque entienden las tensiones políticas del momento, consideran “atrevidas” las movidas que ha hecho el Gobierno frente a temas como la JEP o el glifosato.

En agosto del año pasado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó ante el Congreso que “en mi experiencia como agricultor, no he conocido un mejor herbicida que el glifosato”, declaró el ministro, y aclaró que consideraba costosa cualquier otra alternativa, como la sustitución y la erradicación manual, y no se tendrían los recursos para financiarla.

A raíz de esta declaración, el senador Antonio Sanguino le pidió a la Corte que revisara las políticas del Gobierno, la Policía y el Consejo Nacional de Estupefacientes frente al tema.

Todo indica que el Gobierno expone hoy oficialmente ante la Corte su plan para volver a la aspersión aérea con glifosato, basado en argumentos como el hecho de que la erradicación manual es costosa y que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo independiente de la ONU, confirmó esta semana que Colombia sigue siendo el mayor productor de hoja de coca y de cocaína del mundo.

El origen de la audiencia del jueves es una tutela que falló la Corte Constitucional en 2017, presentada inicialmente por la Personería de Nóvita (Chocó) como una queja ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la Dirección Antinarcóticos de la Policía.

La corporación señaló que no era la llamada a regular la aspersión con este químico, sin embargo dejó claro que “dichos riesgos no han sido regulados razonablemente por las autoridades administrativas”.

Hasta el momento no existe ningún estudio científico que demuestre que el glifosato no causa ningún perjuicio a la salud humana. El mayor interés de la Corte en esta audiencia es saber cómo va a abordar el gobierno Duque la directriz impartida hace casi dos años. Si Duque y los cinco ministros que lo acompañan llegan en la tónica de imponer el glifosato, se van a encontrar con un muro.