La exclusión de Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias 101, quien se retiró como militar en julio de 2004 para unirse a las AUC, se registró el pasado 21 de marzo pero se dio a conocer en los últimos días. Guevara Cantillo fue excluido de la Ley de Justicia y Paz por incumplir uno de sus requisitos: no volver a delinquir una vez se haya concretado la desmovilización del postulado.
El ex jefe del frente Mártires del Valledupar, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue excluido de la ley de Justicia y Paz, por la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Barranquilla de esta de justicia transicional.
El motivo de la expulsión se debe a la presunta participación en el homicidio del comerciante Eder Rey Quintero Rivadeneira, ocurrido en febrero de 2007 en el centro de Valledupar.Fue la Fiscalía quien informó a la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Justicia y Paz que Guevara Cantillo estaba involucrado.
Cantillo estuvo en la cárcel La Modelo de Barranquilla, se desmovilizó en 2006 y un año después volvió a delinquir, según lo manifestado por el ente investigador. El caso que determino la salida de alias 101 de Justicia y Paz se conoció en enero de 2011, cuando un juzgado de Valledupar condenó a Omar David Celedón Calderón, alias Cocoliso, ex miembro del frente Mártires del Cesar de las AUC.
Tras reconocer su participación en el homicidio, ‘Cocoliso’ señaló que el ex jefe paramilitar Guevara Cantillo, fue quien dio la orden de matar al comerciante por negarse a pagar una extorsión de la que venía siendo víctima a cambio de no atentar contra su vida.
En esas fechas, el capturado mencionó que el expresidente Álvaro Uribe dijo públicamente que quería "vivo o dado de baja en combate" a Tijeras. Guevara Cantillo, entonces jefe de inteligencia del Gaula en la región del Magdalena, se negó a ejecutar la orden y abandonó el Ejército para pasar a trabajar exclusivamente con las AUC como hombre de confianza del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", con quien venía colaborando desde 1998.
En 2002, según detalló, poco después de la llegada de Uribe a la Presidencia, se celebró una reunión en Santa Marta, en la que se decidió el reparto del territorio norte del país entre el Ejército y las AUC para combatir el secuestro. "La fuerza pública no podía con eso, nos repartimos la zona", concluyó este exoficial.